El Parlament ha aprobado este miércoles que los diputados Josep Rull (CiU), Santi Rodríguez (PP) y Marc Sanglas (CiU) sean los encargados de defender en el Congreso la creación de un fondo para rescatar peajes.

Los tres grupos se han aliado para que prosperasen sus candidatos: ERC argumenta que es el grupo impulsor del proyecto, CiU reivindica que es el grupo que apoya al Govern, y el PP porque es el partido que gobierna en el Estado.

El portavoz del PSC en la Cámara, Miquel Iceta, ha declarado "la gravedad y el disgusto" por quedar fuera de la delegación que viajará a Madrid, y ha defendido que su partido es el segundo en importancia tanto en el Parlament como en el Congreso.

Los tres candidatos han recibido el apoyo de 84 votos, el rechazo de 29, y la abstención de 12, y pese a que la votación ha sido secreta, los socialistas han anunciado que optaban por el 'no' --tienen 28 parlamentarios-- y ICV-EUiA --10 diputados-- por abstenerse.

El proyecto que defenderán los tres diputados en el Congreso fue aprobado en el pleno anterior, y aspira a que los impuestos que el Estado y las comunidades recaudan en los peajes sirvan para crear un fondo para rescatarlos, introducir bonificaciones u homogeneizarlos.

La ley fue aprobada con todos los votos de la Cámara menos SI, y aunque el PP votó a favor, ya anunció que se trata de un proyecto que no se aplicará a corto plazo ya que la gravedad de la crisis impide destinar fondos de forma inmediata a esta cuestión.

SEGUNDO INTENTO

El 18 de noviembre de 2004 el Parlament ya acordó por unanimidad enviar la misma proposición de ley a la Mesa del Congreso, y el 9 de diciembre de 2008 el pleno de la Cámara Baja acordó tramitarla.

Pese a este primer paso, la iniciativa no llegó nunca a debatirse ya que el Congreso se disolvió por las elecciones generales y finalmente decayó la proposición de ley.

El segundo intento de crear este fondo de rescate llega después del nacimiento de la campaña #novullpagar ('no quiero pagar'), que aboga por que los conductores catalanes se nieguen a pagar los peajes porque suponen un "agravio" respecto a otros territorios del Estado.